Qué ironía. Durante años la industria ha presionado contra la limitación de emisiones de dióxido de carbono que imponía el Protocolo de Kioto. Sin embargo, al cumplirse el primer año de entrada en vigor del protocolo, la industria pesada, especialmente la ligada al sector de la construcción (azulejeras, ladrilleras, cementeras…), ha vendido los derechos de emisión de entre 20 y 25 millones de toneladas, con lo que han ingresado entre 400 y 500 millones de euros, según la estimación de Ismael Romeo, director general de Sendeco2, la bolsa española de CO2.
FUENTE – El País Digital – 19/01/2009
El cálculo es necesariamente aproximado, porque las compraventas son anónimas, pero todas las fuentes consultadas coinciden en que la industria ha paliado la falta de liquidez y de crédito con la venta masiva de derechos de emisión que recibieron gratis del Gobierno. La industria ha vendido a empresas energéticas (eléctricas o refinerías) e inversores internacionales, principalmente.
Romeo afirma: «La industria es excedentaria de derechos de emisión y más en tiempo de crisis y de bajada de producción, con empresas que han cerrado o que están hibernando. A eso se le suma la dificultad de acceso al crédito. Por eso han acudido masivamente a la venta de derechos de CO2».
Jordi Ortega, del grupo de trabajo de cambio climático de la Universidad Carlos III, coincide: «La crisis de liquidez del sector financiero convierte las emisiones en una fuente para lograr liquidez. Es mucho más rentable vender emisiones al contado que pedir un préstamo».
En abril pasado, el Ministerio de Medio Ambiente repartió unos 100 millones de toneladas de CO2 entre 1.056 instalaciones industriales. Ése era el dióxido de carbono que podían emitir gratis dentro del reparto de la UE para cumplir Kioto. «Las asignaciones del dióxido de carbono en el periodo 2008-2012 fueron inferiores a las asignadas en 2005, pero muy por encima, no sólo de las emisiones de 2005, sino sobre las expectativas de incremento del producto interior bruto», explica Ortega: «Ha habido un error al asignar las emisiones, se debía haber hecho en función de la producción. No podemos primar a empresas que cierran y despiden a gente y que encima se lucran».
La previsión no podía andar más errada y la actividad de las fábricas se ha hundido. Según el Instituto Nacional de Estadística, la producción industrial en noviembre cayó un 15,1% respecto al mismo mes del año anterior.
Los ecologistas siempre denunciaron que esa asignación fue demasiado generosa con la industria y que por eso el mercado de CO2 no reducirá las emisiones. La idea original del mercado era que las empresas invirtieran en tecnología para emitir menos y vender las emisiones, no que pudieran llegar a cerrar para vender el derecho de emisión.
Como sobra CO2 y falta crédito, Sendeco2 ha tramitado numerosas peticiones de venta de derechos, especialmente de sectores muy atomizados, sin posibilidad de reconversión ni de inversión (como las ladrilleras). Uno de los mejores ejemplos está en Bailén (Jaén), donde hay 38 instalaciones afectadas por el Protocolo de Kioto. Son empresas pequeñas que, con la crisis del ladrillo, funcionan al ralentí. Cuando Sendeco2 dio allí una charla para explicar las posibilidades que ofrecía la venta de derechos, la mayoría se apuntaron. Algunas han evitado el cierre y mantenido una actividad testimonial para poder vender los derechos de emisión, ya que los perderían si suspendieran pagos, según fuentes del sector. Lo mismo ha ocurrido en zonas como Castellón o Toledo, que concentran actividad industrial contaminante.
Además, las empresas españolas partían con ventaja porque España fue de los primeros países en asignar sus derechos en la UE. En primavera y verano, cuando la crisis no parecía tan grave y se pensaba que faltarían derechos, muchos pudieron vender antes que las empresas de otros países europeos. El precio de la tonelada de CO2 llegó entonces a los 29 euros, y ahora se ha desplomado -el viernes cerró a 11,8 euros-. El exceso de oferta amenaza con hundir el valor de la tonelada, aunque no a los niveles de 2007, cuando era gratis porque los derechos de emisión para el periodo de 2005 a 2007 caducaban.
La secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, explicaba a finales de 2008 a este diario que la crisis provocaría una bajada de emisiones en el sector industrial: «Habrá más liquidez de derechos y, por tanto, una caída del precio de la tonelada». Ribera afirmó que el Gobierno vigilaría ese costo, pero admitió que «no existe capacidad de reacción», porque legalmente el Ejecutivo no puede recortar la asignación. El problema del descenso del valor del CO2 es que puede condicionar la política energética y lastrar la lucha contra el cambio climático. En 2007, cuando se desplomó el precio, las eléctricas no tuvieron problema en poner en marcha las centrales de carbón -pese a ser más contaminantes- para producir electricidad.
En 2008, con el precio del petróleo y del CO2 por las nubes durante la primera mitad del año, las emisiones del sector eléctrico han bajado un 16%, según WWF/Adena. Unas cifras que, cuando se sumen a la bajada industrial y del transporte (el consumo de gasolina se ha reducido un 6% en octubre) llevarán a que España haya experimentado en 2008 un descenso brusco de emisiones.
La industria admite que puede haber esa venta masiva de derechos de emisión, pero con matices. Aniceto Zaragoza, director de Oficemen, la patronal del cemento, señala: «Puede ser en parte irónico que la industria venda CO2 para financiarse. Pero no todo el CO2 que sobra se debe al descenso de producción. En el sector del cemento hemos invertido 600 millones para implantar procesos más eficientes y eso reduce las emisiones. Ya quisiéramos que faltasen derechos y tener que comprar porque eso supondría que la producción se ha recuperado». Un escenario que sigue muy lejos.
Autor: Rafael Méndez
Energy Consulting 