¿Demasiadas renovables o demasiado caras?

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El Gobierno pone coto a nuevos proyectos de energías limpias para evitar burbujas especulativas – Las pequeñas empresas creen que los grandes grupos han ganado la partida

FUENTE – El País – 26/05/09

La mitad de la electricidad que se produce en España procede de fuentes que prácticamente no existían hace una década: molinos de viento, centrales que queman gas e instalaciones de cogeneración (producen calor y electricidad a la vez). Más aún: el pasado año, la quinta parte de la producción neta de electricidad (20,5%, de acuerdo con las cifras del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético) fue limpia. Como entre 1995 y 2008, en un país que carece de combustibles fósiles, la demanda eléctrica creció un 90%, el resultado puede calificarse de espectacular. Las energías renovables, y especialmente la energía eólica, están detrás de ese cambio que ha llamado incluso la atención de la nueva Administración estadounidense. Pero, ¿a qué precio se paga el éxito?

En euros, las renovables costaron a todos los usuarios en 2008 más de 3.300 millones de euros en primas. Los datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) especifican que 1.144 millones fueron a la energía eólica, 968 millones a la solar, 716 millones a la cogeneración y el resto a la hidráulica, la biomasa y el tratamiento de residuos. Un reparto polémico. La razón es que dos tecnologías, la eólica y la fotovoltaica, se llevan dos tercios. Pero una, la eólica, produce mucho más que la otra. En 2008, los molinos de viento (16.549 megavatios de potencia instalada) cubrieron aproximadamente el 11% de la demanda, con puntas de producción de hasta el 30% (11.200 megavatios, según datos de Red Eléctrica). La energía solar fotovoltaica, con 3.120 megavatios de potencia instalada en 2008, seis veces más que en 2007, tiene como horizonte lejano alcanzar una producción del 1%.

La conclusión a la que ha llegado el Ministerio de Industria es que en determinadas tecnologías se ha creado una burbuja especulativa insostenible, con crecimientos de hasta el 450% anual como sucedió en el negocio fotovoltaico hace un año. Y hay que cortar por lo sano. En septiembre pasado, Industria revisó el pago de primas en el sector de la energía solar y este mismo mes, con un real decreto ley que ha sido convalidado en el Congreso con el apoyo de PSOE, CiU y PNV, ha decidido sujetar las riendas con más firmeza aún. Todos los proyectos de energías renovables tendrán que inscribirse en un registro y probar con documentos que cuentan con permisos, financiación (al menos del 50% del proyecto) y con los equipos necesarios antes de solicitar apoyos.

El resumen de la situación, desde el punto de vista del Gobierno, está recogido en el decreto aprobado. Según el texto de la norma, la tendencia que siguen las tecnologías renovables “podría poner en riesgo, en el corto plazo, la sostenibilidad del sistema, tanto desde el punto de vista económico por su impacto en la tarifa eléctrica como desde el punto de vista técnico”. Traducido, el párrafo quiere decir que el Gobierno cree que determinadas tecnologías encarecen el recibo de la luz, fomentan la especulación y dificultan la circulación de la energía por la red eléctrica.

¿Tiene razón el Gobierno? Sólo en parte. Porque la mayor parte del déficit entre ingresos y gastos del sistema eléctrico (16.000 millones de euros) se debe a dos hechos que discurrieron en paralelo: mientras el precio del petróleo pasó de 20 a 147 dólares en cinco años (de 2003 a 2008), el recibo de la luz se rebajó un 26% de 2000 a 2004. Y desde entonces, creció al ritmo de la inflación.

Javier García Breva, director general de Solynova Energía, ex director del IDAE y ex diputado socialista, cuestiona la decisión de Industria por “incoherente”. Representante de una de las 1.300 empresas que trabajan en el sector de la energía solar, cree que las renovables en general, y la energía fotovoltaica en particular, no son actividades económicamente sospechosas. “En la tarifa eléctrica”, sostiene García Breva, “hay cargas, desde impuestos autonómicos, a la gestión de residuos nucleares”, que han contribuido a descompensar el sistema más que las renovables. “El Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía”, prosigue, “jamás han reconocido que consumir renovables sea beneficioso para el país”. Más aún, precisa, “pese al aparente esfuerzo realizado, en 2003 el consumo de energía primaria [término estadístico que contabiliza la energía antes de su transformación] cubierto con renovables llegó al 7% y hoy sólo llega al 7,6%”. Conclusión: hay que invertir más, apoyando a todas las tecnologías y no sólo a aquellas que, probadas y con éxito, están siendo desarrolladas por grandes grupos empresariales.

Porque los números cantan. Según un estudio realizado por Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica (AEE) -en la que se integran los señores de los molinos, como Iberdrola o Endesa-, una vez hecha la cuenta de primas cobradas (950 millones), toneladas de gases de efecto invernadero no emitidas (20 millones), importaciones de petróleo no realizadas (500 millones de toneladas equivalentes de petróleo, tep) y exportaciones logradas (2.500 millones), el negocio se puede calificar de redondo.

Son datos más que interesantes para un país con un déficit comercial de 94.000 millones de euros (año 2008), de los cuales el 47% corresponde a importaciones de gas y de petróleo. Y más que importantes si se tiene en cuenta que España depende en un 80% del exterior para su abastecimiento de energía y es el país europeo que más se aleja del cumplimiento de los compromisos del Protocolo de Kioto.

“Lo mismo que tenemos un mix de generación de electricidad diversificado [nucleares, centrales térmicas y renovables]”, dice García Breva, “habría que apostar por una cesta de renovables también diversificada”. Aunque no lo dice, el directivo de Solynova Energía desliza así una idea más que asentada entre las empresas -1.300 según los registros- que tratan de hacer negocio con la energía solar: que los grandes grupos (Iberdrola, Acciona, Endesa, Abengoa…) han logrado llevar el agua a su molino en Industria, cortando las expectativas de los que tratan de ir por libre.

El consejero delegado de Iberdrola Renovables, Xavier Viteri, no comparte esta idea. En su opinión, el real decreto aprobado por el Gobierno, con la obligación de registro previo de proyectos de renovables, “garantiza el crecimiento ordenado del sector” y el derecho a la retribución “de aquellas empresas que hayan hecho bien las cosas y que tengan idea de persistir”.

En opinión de Viteri, está fuera de toda duda que tiene que haber apoyo a las renovables. Porque lo contrario sería suicida. Viteri conoce al dedillo las tesis del economista Nicholas Stern en el estudio que realizó en 2006 para el Reino Unido. Stern defendía la necesidad de invertir el equivalente al 1% del PIB mundial para mitigar los efectos del cambio climático porque, de no hacerlo, el mundo se expondría a una recesión cercana al 20% del PIB.

España, asegura Esteban Morrás, el primer ejecutivo de Acciona Energía, debe de tomarse en serio el desafío. “Podemos tener una posición de liderazgo”, aunque “es importante determinar dónde está el sector” para que el Ejecutivo determine “nuevos objetivos e incentivos”. Acciona, como las grandes del sector, cree que las decisiones de Industria van en dirección correcta.

Todo lo contrario de lo que cree la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) y Greenpeace. Ambas organizaciones presentaron esta misma semana un anteproyecto de ley para el fomento de las energías renovables que propone alcanzar en 2020 el 30% de renovables sobre el consumo final bruto.

Tanto el presidente de APPA, José María González Vélez, como el presidente de Greenpeace, Juan López de Uralde, creen que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y su secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, se equivocan en sus planteamientos al limitar el desarrollo de buena parte del sector. González Vélez piensa incluso que la política de Sebastián responde al movimiento de “alguna mano negra que no quiere que avancen las renovables para que funcionen los ciclos combinados [centrales de gas]”.

Con el precio del petróleo al alza -en torno a 60 dólares por barril, el máximo de seis meses- y el temor a que una próxima recuperación de la actividad económica internacional vuelva a disparar las cotizaciones, la apuesta por las renovables mantiene toda su vigencia. A pesar de que su gestión, como afirma el presidente de la compañía Red Eléctrica, Luis Atienza, no sea fácil. Un ejemplo: el pasado 19 de mayo, en pleno anticiclón, los más de 16.000 megavatios eólicos instalados sólo produjeron 300. “La variabilidad” en la producción de los parques eólicos, explica Atienza, oscila entre el 43% y el 1% de la demanda. Todo un reto de gestión. Pese a las dificultades, las inversiones y el riesgo de especulación, las renovables son el futuro. Para los escépticos, un dato: Abu Dhabi, sobre un océano de petróleo, quiere acoger la sede de una agencia internacional para las energías renovables.

La dependencia es una losa

España es muy dependiente energéticamente. En el último año, el grado de autoabastecimiento ha sido del 21,6%, según datos oficiales. Y en esa situación, salta el debate entre pronucleares y antinucleares y la polémica en torno a las energías renovables y su coste.

La Fundación Ideas, que dirige el ex ministro socialista Jesús Caldera, ha elaborado un estudio en el que aboga por cerrar las nucleares en España a medida que agoten su vida útil. Es una posición que puede chocar con Industria, y claramente enfrentada a lo que defienden las empresas energéticas. “Sólo faltaba”, señala un destacado ejecutivo del sector, “que la política entre de lleno en el debate y los dos grandes partidos se aferren, uno a la defensa de las nucleares y el otro a la defensa de las renovables. Sería un desastre”. Porque, por el momento, la idea más extendida es que el Ejecutivo acabará por aprobar una prolongación de la vida útil de las nucleares para salvaguardar el 18% del suministro que suponen.

En palabras -“a título personal”- del presidente de Red Eléctrica de España, Luis Atienza, extender la vida útil de una central como la de Garoña “tiene sentido económico”. Y es que, como explica el secretario de Estado Pedro Marín, “el problema de nuestra dependencia energética del exterior pesa como una losa sobre nuestra economía y hay que resolverlo”. “Vamos a atajarlo”, asegura, “por una doble vía: de una parte, conteniendo el consumo energético, para lo que nos hemos centrado en políticas de eficiencia energética, y de otra, incrementando la producción energética nacional. Nuestro territorio no es rico en combustibles fósiles, por lo que las energías renovables deben desempeñar un papel esencial en el futuro energético”.

Pero como en la guerra todo vale, el Instituto Juan de Mariana (Universidad Rey Juan Carlos) ha elaborado un documento en el que sostiene que por cada cuatro empleos que se creen en la economía verde que defiende el nuevo presidente de EE UU, se destruirán nueve. Más madera.

La terminología

Eólica. Energía generada por el viento. Los aerogeneradores transforman en eléctrica la energía cinética procedente de las corrientes de aire.

Cogeneración. Procedimiento por el que se obtiene, al mismo tiempo, electricidad y calor útil.

Termosolar. Sistema por el que se concentra la energía solar, mediante espejos, para producir vapor capaz de mover una turbina.

Fotovoltaica. Se obtiene electricidad mediante paneles con dispositivos semiconductores que reaccionan a la radiación solar.

Biomasa. Obtenida a partir de residuos y plantas. Bien por conversión en etanol o bien mediante combustión.

Ciclo combinado. No forma parte de la tecnología renovable, pero ha sido la gran apuesta en los últimos años en España para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Las centrales así denominadas queman gas natural. Utilizan las altas temperaturas generadas en la turbina de gas para alimentar una turbina de vapor.

Autor: S. Carcar

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