La inversión estatal en I+D está estancada, según la Confederación de Sociedades Científicas

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La inversión estatal en I+D está estancada, según la Confederación de Sociedades Científicas
El borrador de la nueva ley de la ciencia es oportuno pero “timorato”, dicen los investigadores
ALICIA RIVERA – Madrid – 07/05/2009
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Los 9.673 millones de euros que se adjudica a la investigación científica y tecnológica en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2009 supone un incremento sólo del 2,5% respecto al año pasado, en términos corrientes. Con la corrección de la inflación, “el crecimiento es prácticamente nulo y se aleja enormemente del incremento anual de recursos del 16% previsto en el VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011”, explican los representantes de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), cuya comisión de presupuestos ha analizado la situación de este año y emitido un informe. La previsión del plan nacional vigente era una equiparación anual del 16% para lograr, al término del mismo, una equiparación de la inversión española en I+D a la media europea.
Ministerio de Ciencia e Innovación
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Sede: Madrid (España)
Directivo:Cristina Garmendia Mendizábal (Ministra)
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La COSCE, que agrupa a 60 sociedades científicas, que suman unos 30.000 científicos en España, ha constituido también una comisión de análisis del borrador de la nueva Ley de la Ciencia, y la conclusión es que es un documento positivo pero aún imperfecto y “timorato”.
Respecto a los presupuestos, hay que tener en cuenta, señala José De No, miembro de la comisión de presupuestos de la COSCE, que la financiación de los PGE supone sólo un 18% del compromiso de financiación total de la I+D española, ya que el 28% corresponde a las comunidades autónomas, el 47% a las empresas y el resto a otras fuentes como los programas de la UE. “El no incremento de la financiación es preocupante porque puede suponer el incumplimiento de los planes y compromisos de inversión del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 y limitar la actividad investigadora, uno de los pilares básicos para superar la crisis actual”, afirma la COSCE.
De No ha desmenuzado un poco las cifras y destaca que en 2009 los anticipos reembolsables (los créditos) se incrementan significativamente, un 5,7%, frente a las subvenciones, que se reducen un 1,5%. Hay que tener en cuenta que los equipos científicos utilizan sobre todo las subvenciones de los programas de investigación y apenas pueden utilizar los créditos, puesto que los resultados que obtienen de su trabajo, en sus laboratorios, no tienen por qué generar beneficios inmediatos para reembolsar préstamos. “Los fondos de las convocatorias públicas [para programas y proyectos de I+D] se reducen en un 17%”.
En cuanto a la financiación por áreas, los programas que van a la cabeza en la asignación de recursos “continúan siendo los relativos a Tecnología Industrial, con una inversión de 2.678.571 euros y un crecimiento del 4,88% respecto a 2008”. Las inversiones en telecomunicaciones (1.102-920 euros) son las que más han crecido este año respecto al anterior, un 37%. Sin embargo, explica la COSCE, la mayor reducción presupuestaria la experimentan este año los programas relacionados con la Sociedad de la Información, que recibirán casi un 50% menos que en 2008.
Joan Guinovart, presidente de la COSCE, subraya que, por muy importante que sea la financiación, si no hay una estructura de gestión del sistema científico adecuada, el dinero no se aprovecha. En esta encrucijada entra el borrador de la nueva Ley de la Ciencia, que debe sustituir a la de 1986, y que ha preparado el Ministerio de Ciencia e Innovación. “Es absolutamente necesaria una nueva ley que flexibilice el sistema”, ha destacado Guinovart, “y pedimos a todos los partidos políticos un pacto para que esta ley sea realmente el instrumento que el país necesita; es necesario que los partidos dejen las rencillas políticas para ocuparse de esto”.
Entre las propuestas destacadas para esta futura ley, los representantes de las sociedades científicas proponen la creación de un consejo científico asesor -en paralelo al consejo de política científica contemplado en el borrador de la ley- para garantizar la presencia de la voz de la ciencia. Un tema que preocupa a los investigadores es la articulación correcta y eficaz de las políticas del Estado con las Comunidades Autónomas. “Nos da miedo la visión local del poder”, señala Juan Luis Vázquez, presidente de la comisión de la COSCE que analiza el borrador de la nueva ley.
Vázquez recuerda que la ley vigente, de 1986, introdujo los instrumentos clave para el despegue de la ciencia en España, “pero crecimos mucho en masa corporal y no tanto en músculo, por eso la ciencia en España no es un niño prodigio”. Según explica, la nueva ley debe cimentar la conexión eficaz de la investigación científica con el entramado empresarial e industrial, “que no ha funcionado bien”, pero también poner en marcha un sistema que prime la calidad, la excelencia de la ciencia. La autonomía de gestión de los institutos, añade, debe ir a la par con las responsabilidades exigidas a sus directores, y se les debe pedir mucho, “planes visionarios”.
La COSCE valora positivamente en el borrador de la ley elementos como la internacionalización de la ciencia española; el fomento de la investigación en el sector privado; el fomento de la cooperación sector público/sector privado; el fomento de la cultura científica; la propuesta de una carrera investigadora alternativa a la funcionarial; y la creación de agencias de financiación, “aunque algunos puntos no están bien desarrollados”.
En el elenco de puntos débiles se señala, por ejemplo, el ámbito reducido de aplicación de la ley; “el espíritu demasiado reglamentarista y el exceso de detalles inapropiados, cuando en realidad es el establecimiento de unos principios básicos los que más se necesita”; la participación de las Comunidades Autónomas no está suficientemente elaborada; no se aborda la reforma del sistema de gobernanza de los agentes ejecutores de los programas científicos; y la escasa referencia a las universidades, cuando en ellas se realiza el 60% de la investigación en España.

La inversión estatal en I+D está estancada, según la Confederación de Sociedades Científicas

FUENTE – El País – 07/05/09

El borrador de la nueva ley de la ciencia es oportuno pero “timorato”, dicen los investigadores

Los 9.673 millones de euros que se adjudica a la investigación científica y tecnológica en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2009 supone un incremento sólo del 2,5% respecto al año pasado, en términos corrientes. Con la corrección de la inflación, “el crecimiento es prácticamente nulo y se aleja enormemente del incremento anual de recursos del 16% previsto en el VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011”, explican los representantes de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), cuya comisión de presupuestos ha analizado la situación de este año y emitido un informe. La previsión del plan nacional vigente era una equiparación anual del 16% para lograr, al término del mismo, una equiparación de la inversión española en I+D a la media europea.

La COSCE, que agrupa a 60 sociedades científicas, que suman unos 30.000 científicos en España, ha constituido también una comisión de análisis del borrador de la nueva Ley de la Ciencia, y la conclusión es que es un documento positivo pero aún imperfecto y “timorato”.

Respecto a los presupuestos, hay que tener en cuenta, señala José De No, miembro de la comisión de presupuestos de la COSCE, que la financiación de los PGE supone sólo un 18% del compromiso de financiación total de la I+D española, ya que el 28% corresponde a las comunidades autónomas, el 47% a las empresas y el resto a otras fuentes como los programas de la UE. “El no incremento de la financiación es preocupante porque puede suponer el incumplimiento de los planes y compromisos de inversión del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 y limitar la actividad investigadora, uno de los pilares básicos para superar la crisis actual”, afirma la COSCE.

De No ha desmenuzado un poco las cifras y destaca que en 2009 los anticipos reembolsables (los créditos) se incrementan significativamente, un 5,7%, frente a las subvenciones, que se reducen un 1,5%. Hay que tener en cuenta que los equipos científicos utilizan sobre todo las subvenciones de los programas de investigación y apenas pueden utilizar los créditos, puesto que los resultados que obtienen de su trabajo, en sus laboratorios, no tienen por qué generar beneficios inmediatos para reembolsar préstamos. “Los fondos de las convocatorias públicas [para programas y proyectos de I+D] se reducen en un 17%”.

En cuanto a la financiación por áreas, los programas que van a la cabeza en la asignación de recursos “continúan siendo los relativos a Tecnología Industrial, con una inversión de 2.678.571 euros y un crecimiento del 4,88% respecto a 2008”. Las inversiones en telecomunicaciones (1.102-920 euros) son las que más han crecido este año respecto al anterior, un 37%. Sin embargo, explica la COSCE, la mayor reducción presupuestaria la experimentan este año los programas relacionados con la Sociedad de la Información, que recibirán casi un 50% menos que en 2008.

Joan Guinovart, presidente de la COSCE, subraya que, por muy importante que sea la financiación, si no hay una estructura de gestión del sistema científico adecuada, el dinero no se aprovecha. En esta encrucijada entra el borrador de la nueva Ley de la Ciencia, que debe sustituir a la de 1986, y que ha preparado el Ministerio de Ciencia e Innovación. “Es absolutamente necesaria una nueva ley que flexibilice el sistema”, ha destacado Guinovart, “y pedimos a todos los partidos políticos un pacto para que esta ley sea realmente el instrumento que el país necesita; es necesario que los partidos dejen las rencillas políticas para ocuparse de esto”.

Entre las propuestas destacadas para esta futura ley, los representantes de las sociedades científicas proponen la creación de un consejo científico asesor -en paralelo al consejo de política científica contemplado en el borrador de la ley- para garantizar la presencia de la voz de la ciencia. Un tema que preocupa a los investigadores es la articulación correcta y eficaz de las políticas del Estado con las Comunidades Autónomas. “Nos da miedo la visión local del poder”, señala Juan Luis Vázquez, presidente de la comisión de la COSCE que analiza el borrador de la nueva ley.

Vázquez recuerda que la ley vigente, de 1986, introdujo los instrumentos clave para el despegue de la ciencia en España, “pero crecimos mucho en masa corporal y no tanto en músculo, por eso la ciencia en España no es un niño prodigio”. Según explica, la nueva ley debe cimentar la conexión eficaz de la investigación científica con el entramado empresarial e industrial, “que no ha funcionado bien”, pero también poner en marcha un sistema que prime la calidad, la excelencia de la ciencia. La autonomía de gestión de los institutos, añade, debe ir a la par con las responsabilidades exigidas a sus directores, y se les debe pedir mucho, “planes visionarios”.

La COSCE valora positivamente en el borrador de la ley elementos como la internacionalización de la ciencia española; el fomento de la investigación en el sector privado; el fomento de la cooperación sector público/sector privado; el fomento de la cultura científica; la propuesta de una carrera investigadora alternativa a la funcionarial; y la creación de agencias de financiación, “aunque algunos puntos no están bien desarrollados”.

En el elenco de puntos débiles se señala, por ejemplo, el ámbito reducido de aplicación de la ley; “el espíritu demasiado reglamentarista y el exceso de detalles inapropiados, cuando en realidad es el establecimiento de unos principios básicos los que más se necesita”; la participación de las Comunidades Autónomas no está suficientemente elaborada; no se aborda la reforma del sistema de gobernanza de los agentes ejecutores de los programas científicos; y la escasa referencia a las universidades, cuando en ellas se realiza el 60% de la investigación en España.

Autor: A. Rivera

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